De dulce y agraz se ha tornado para el empresariado fueguino, el proceso de fiscalización que lleva adelante el gobierno regional a una treintena de empresas acogidas a leyes de fomento en la zona isleña y cuyo proceso culmina según estimaciones de la seremi de Hacienda, Lil Garcés Eyraud, en diciembre próximo.
Al ser consultado el asesor legal de la Asociación Gremial de Industriales de Tierra del Fuego y Navarino A.G., Mario Luis Elgueta, respecto de si el plazo para la entrega de antecedentes es suficiente o se requiere de más tiempo, su respuesta fue directa y además, la punta de lanza para criticar el que se esté fiscalizando a quienes operan -sostiene- conforme a la ley, así como también el hecho de que la anterior administración de gobierno, habría actuado de manera ‘cuestionable’ en las revisiones iniciales. “Las empresas de Tierra del Fuego que han sido objeto de procedimientos administrativos, ya han presentado antecedentes por medio de los cuales demuestran lo obvio: todas iniciaron actividades en los primeros dos años y ninguna ha interrumpido actividades por más de un año, aspecto que la autoridad debe conocer y que torna en injustificada la forma en que se iniciaron los procedimientos administrativos”.
En cuanto a si la presente administración está ‘haciendo bien las cosas’ en materia de revisión al cumplimiento de las leyes para el caso del listado de empresas acogidas a normativa de excepción, Elgueta enfatizó: “El gobierno ha tenido la oportunidad de actuar con mayor celeridad para revertir lo obrado por el anterior, considerando que se ha vulnerado la certeza jurídica de los contratos ley y con ello la continuidad de las industrias, con la eventual pérdida de cientos de puestos laborales; por otro lado, dirigir procesos administrativos bajo el artículo 82 de la Ley 18.591, es una actuación que sobrepasa el término fiscalización, más aún cuando todos los antecedentes obran en poder de los distintos servicios públicos. Por otra parte, y como se ha señalado en reiteradas oportunidades, nadie se opone a ser fiscalizado, pero que dirijan procedimientos en contra, formulando cargos que podrían acarrear caducidad, resulta exagerado y desproporcionado. Bajo este mecanismo las autoridades del gobierno anterior excedieron sus potestades”.
Certeza jurídica
Respecto de la eventual existencia de mejoras a las leyes existentes, de manera que las empresas quieran quedarse y además surja el interés por parte nuevos inversionistas, Elgueta señaló: “Antes de hablar de modificaciones, se requieren certezas jurídicas. No puede ser que se entienda hoy, a decenas de años de vigencia de la Ley Navarino y contra propio texto expreso, que no existe contrato entre los asociados y el Estado, sino un mero acto administrativo como se ha señalado desde la Tesorería Regional. Con ello se torna precario el mecanismo de seguridad jurídica, creado por el legislador, dejando en manos de autoridades de turno la interpretación, reinterpretación, o cambio unilateral de las reglas del juego”.
El asesor advirtió que bajo tales condiciones, se ponen en riesgo los contratos vigentes y se ahuyenta expresamente cualquier intento de nuevas inversiones, “y con ello la finalidad de fomento de la normativa de excepción. Hasta ahora, las únicas autoridades administrativas que han mostrado preocupación en estos temas son las provinciales y comunales de Tierra del Fuego Navarino, ya que conocen el impacto de estas leyes en la zona”, enfatizó.
Fuente: La Prensa Austral
