Kusanovic recordó el caso ocurrido el pasado 31 de julio en Punta Arenas, donde una
mujer fue víctima de un violento asalto perpetrado por un sujeto que, pese a ser
formalizado por robo con intimidación y contar con numerosos antecedentes penales,
quedo en libertad.
A través de un oficio, el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic, solicito a los
ministerios de Seguridad Pública y de la Secretaría General de la Presidencia acelerar e
impulsar medidas legislativas que permitan considerar de manera efectiva la trayectoria
delictiva al momento de determinar medidas cautelares, como la prisión preventiva.
El parlamentario sostuvo que la legislación debe entregar herramientas más claras para
que la trayectoria delictiva de los imputados pueda ser considerada adecuadamente al
momento de determinar medidas cautelares, especialmente cuando existen condenas
múltiples y recientes, reiteración de delitos, incumplimientos de medidas cautelares o
condenas anteriores y otros antecedentes objetivos que indiquen la habitualidad delictiva.
Kusanovic recordó el caso ocurrido el pasado 31 de julio en Punta Arenas, donde una
mujer habría sido abordada e intimidada por un individuo que intentó sustraerle sus
pertenencias, y que luego de ser formalizado por robo con intimidación, quedó en libertad
a pesar de registrar numerosos antecedentes penales.
“Cuando un individuo registra un extenso historial delictivo y vuelve a ser imputado por
hechos violentos, el sistema debe contar con normas claras que permitan valorar
adecuadamente ese antecedente y actuar con la firmeza para proteger a las víctimas”,
señaló el senador.
Junto con ello, el parlamentario planteó la necesidad de mejorar la interoperabilidad de los
registros penales y cautelares, de manera que fiscales, defensores y tribunales cuenten
en tiempo real con información completa y actualizada sobre condenas firmes, causas
vigentes, medidas cautelares, penas sustitutivas, libertad condicional, órdenes de
detención y eventuales incumplimientos.
Kusanovic enfatizó que estas modificaciones deben resguardar el debido proceso y la
presunción de inocencia, pero al mismo tiempo, garantizar una protección efectiva para
las víctimas y la sociedad.
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