Sesion de Sala 80 Especial
Iniciativa cuenta con el respaldo transversal de 28 senadores y busca incorporar mayor
tecnología en centros penitenciarios y tribunales a raíz de las falencias detectadas en la errónea
liberación de sicario.
Ante la alarmante liberación del imputado por sicariato, Alberto Mejía, desde el penal Santiago
1, quien actualmente se encuentra prófugo y con antecedentes de haber abandonado el país, el
senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic, presentó un Proyecto de Acuerdo respaldado
por 28 parlamentarios, solicitando al Presidente de la República instruir al Ministro de Justicia la
implementación de un sistema integral de registro biométrico para el control y fiscalización de
personas sujetas a penas privativas de libertad, penas alternativas y medidas cautelares
personales, como imputados sujetos a prisión preventiva.
“No podemos seguir actuando con papeles o correos cuando tenemos herramientas y
tecnología del siglo XXI disponible. Más allá de la responsabilidad detrás de esta liberación, hay
que tomar medidas serias para que no se vuelva a repetir y avanzar en reformas estructurales
de forma urgente”, enfatizó el senador Kusanovic.
El caso de Mejía reveló graves falencias en los mecanismos de identificación y control,
especialmente tratándose de imputados extranjeros quienes han aumentado en los centros
penitenciarios del país. En esa línea, el proyecto plantea la urgencia de adoptar tecnologías
biométricas avanzadas, no solo la identificación facial, de iris, huellas dactilares o timbre de voz,
sino que también con antecedentes complementarios como tatuajes, pertenencia a grupos o
bandas, traslados y otros que permitan garantizar la identidad de quienes estan privados de
libertad y facilitar el control, seguimiento y fiscalización, evitando errores críticos como el
ocurrido.
De acuerdo al último reporte de Gendarmería, a junio de este año Chile registra más de 61.400
personas privadas de libertad, de las cuales 9.631 son extranjeras, predominando
nacionalidades como la venezolana (2.741) y colombiana (2.763). Un 34,9 % de la población
penal actual se encuentra en prisión preventiva.
Según detalló el parlamentario, la iniciativa requiere una implementación generalizada en todo
el sistema penal y penitenciario, más allá de las cárceles, debe estar al servicio de jueces,
policías o fiscales, que permita identificar de forma fidedigna y en tiempo real a todas las
personas que ingresan, transitan o egresan del sistema.
“Tenemos que ser más ambiciosos si queremos enfrentar de verdad esta crisis de seguridad y al
crimen organizado, que sigue penetrado profundamente en nuestra sociedad. Hoy más que
nunca necesitamos mayor tecnología al servicio de la justicia y la seguridad pública. Este
sistema no solo daría mayor certeza, sino que también permite facilitar el trabajo en las
cárceles, fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones”, concluyó
Kusanovic.
