En relación al proyecto de agua potable en el sector norte de Punta Arenas y declaraciones de la Seremi de Obras Públicas, el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic, dijo que es muy lamentable que las instituciones del Estado no se hagan responsables de sus proyectos y gestiones, siendo este un proyecto formulado, desarrollado y ejecutado por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) como unidad técnica, dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP), previo mandato del Gobierno Regional.
“Aquí el problema es que se realizó un proyecto mal desarrollado e incompleto, cuando se crea un proyecto este tipo no solo debe contemplar los aspectos técnicos, sino que también los aspectos legales y normativos que se le aplican, y aquí no se realizó bien lamentablemente por las unidades técnicas responsables”.
Afirmó que aquí no se le ha entregado a la comunidad la explicación correcta y se le ha ocultado parte de la información por lo que es bueno explicarlo claramente.
“Las empresas que entregan el servicio de agua potable, en este caso Aguas Magallanes, tienen un área de concesión dentro del área urbana donde deben entregar el servicio de agua potable, además de esto están facultados para entregar agua potable en el sector rural. El problema se produce en el área interzona no concesionada, entre el área de concesión actual y el límite urbano, la cual según la Ley para dar el servicio debe ser licitada y además se debe cumplir no solo con el servicio de agua potable sino que además con el de alcantarillado y aquí se produce el problema ya que esta nueva red se encuentra en esta área y se deben invertir alrededor de $25.000. millones adicionales para realizar el alcantarillado en el sector y de esta manera ya se podría conectar a la red si la licitación resulta exitosa”, explicó.
Queda claro entonces que no se consideraron al realizar el proyecto las leyes que lo regulan y por ende, fue un proyecto mal concebido y que debe tener responsables y sanciones como corresponde, ya que este tipo de errores graves no se pueden permitir y sobre todo por el monto de la inversión involucrada de $7.000. millones de pesos, “me parece que ahora responsabilizar y tirarle el problema al GORE es de muy mal gusto”, comentó.
Aclaró finalmente que este problema se genera cuando, años antes del proyecto, el nuevo plan regulador aumentó el área urbana hasta la cercanías del aeropuerto, detonando problemas como este y otros como restricciones constructivas industriales y alza de las contribuciones de parcelas y terrenos.
