El presidente de la Asociación que agrupa a 11 empresas amparadas bajo la Ley Navarino, Mauricio Inostroza replicó a la titular regional de Hacienda, al decir que hasta ahora se ha reafirmado la acción de intendencia con respecto a la caducidad.
Un llamado a mantener la prudencia a nivel local formuló el presidente de la Asociación Gremial de Industriales de Tierra del Fuego y Navarino, Mauricio Inostroza, ello con relación a lo señalado a Pulso Económico el 27 de julio por la seremi de Hacienda, Lil Garcés, respecto de la situación judicial que afronta Textil Mejillones, en términos de la resolución de caducidad formulada bajo la administración del ex intendente Jorge Flies.
En la entrevista aludida, la secretaria ministerial observó que ‘tanto en tribunales como en la Corte, la empresa ha salido en contra y en ese sentido, hasta ahora se ha reafirmado la acción de intendencia con respecto a la caducidad’, razón por la que el directivo respondió a la titular regional de Hacienda que “no es conveniente que las autoridades regionales anticipen fallos judiciales”.
Asimismo, el presidente de la Asociación reiteró que lo determinado en el gobierno pasado de Michelle Bachelet, basó su argumento en el no funcionamiento de dicha industria por más de dos años en la comuna porvenireña. Por ello, su crítica reflotó: “Textil Mejillones se estableció en la capital fueguina hacia el año 2008 y sus instalaciones fueron inauguradas por el propio intendente de la época, Mario Maturana”, planteó Inostroza, destacando que dicha industria hasta el día de hoy proporciona una importante fuente laboral y sustento a más de 20 familias.
Junto con ello, remarcó que lo sucedido a esta empresa obedece a un largo proceso de hostigamiento iniciado por parte de Flies y el ex biseremi de Hacienda y Economía, Christian García, en contra de las firmas acogidas a la Ley de Fomento 18.392, por lo que ya habiéndose dado tal situación, lo que corresponde ahora es ‘esperar lo que resuelva la justicia’.
“Si el recurso de protección que está pendiente no falla en virtud del fondo de este asunto, esto va a terminar siendo resuelto por los tribunales ordinarios de justicia en el Juzgado Civil, respecto de la razonabilidad de la decisión tomada por la autoridad el año 2016 y que ha afectado, tal como se ha dicho, a una empresa que siempre estuvo autorizada para funcionar en el domicilio que ha operado, y donde el Estado siempre estuvo consciente que nunca ha suspendido sus actividades”, concluyó.
En Tierra del Fuego y Navarino, las 11 empresas asociadas generan una importante actividad por ejemplo, en el sector pesquero artesanal, lo que se traduce en 1.500 puestos de trabajo directo, más de 500 embarcaciones, otros 2 mil puestos de trabajo indirecto y rentas promedio que ascienden los $840 mil.
Considerando esos datos y alertando sobre la vulnerabilidad a la que se exponen en este contexto las fuentes de trabajo directo e indirecto, Mauricio Inostroza finalizó expresando: “Lo que buscamos como empresarios de una zona tan austral, es trabajar en conjunto con la autoridad, y rechazamos la postura confrontacional que en el pasado, ha tenido ésta con las industrias”, concluyó.
Fuente: La Prensa Austral
