Los marcos sancionatorios para este tipo de irregularidades son claramente insuficientes. Las certificaciones obtenidas por Nova Austral en su explotación, otorgadas por el Estado de Chile a partir de información falsa, le han reportado cuantiosas utilidades. Adicionalmente, el uso de franquicias tributarias regionales ha implicado aceptar un gasto tributario multimillonario por parte del fisco, otorgándole ventajas comerciales evidentes. La sanción por la vía de multas, escuálidas frente a las ventajas otorgadas a la empresa, vuelven la decisión de infringir la legalidad vigente, un asunto de trade-off. La evaluación es simple, si las utilidades proyectadas, superan los costos y el riesgo de ser detectados y sancionados, la decisión se vuelve puramente económica.
La amplia difusión en prensa de las escandalosas irregularidades de la empresa salmonera Nova Austral,
que falseó sistemáticamente la información de mortalidad en sus cultivos, ha expuesto falencias del
Servicio Nacional de Pesca que sus trabajadores/as y su organización sindical AFUS han reclamado por
años.
Tal como ha quedado en evidencia, las infracciones cometidas por la empresa de capitales noruegos
tienen su origen fundamental en la delegación de la fiscalización que corresponde al Estado, a las
propias empresas, en una modalidad absurda, y en las carencias de dotación, recursos técnicos y
presupuestarios, así como de facultades de SERNAPESCA.
Lamentablemente, ésta no es una realidad aislada. Son múltiples los ejemplos en que, a partir de la
ideología neoliberal que mantiene la Constitución y las lógicas subsidiarias que impregnan a la función
pública, se repiten esquemas similares en los cuales la fiscalización del cumplimiento normativo se
terceriza en otros privados o en informaciones provistas por las propias empresas, con resultados
similares.
Adicionalmente, los marcos sancionatorios para este tipo de irregularidades son claramente
insuficientes. Las certificaciones obtenidas por Nova Austral en su explotación, otorgadas por el Estado
de Chile a partir de información falsa, le han reportado cuantiosas utilidades. Adicionalmente, el uso de
franquicias tributarias regionales ha implicado aceptar un gasto tributario multimillonario por parte del
fisco, otorgándole ventajas comerciales evidentes. La sanción por la vía de multas, escuálidas frente a las
ventajas otorgadas a la empresa, vuelven la decisión de infringir la legalidad vigente, un asunto de tradeoff.
La evaluación es simple, si las utilidades proyectadas, superan los costos y el riesgo de ser detectados
y sancionados, la decisión se vuelve puramente económica.
Superar estas anomalías, que no sólo afectan la fe pública, sino que incumplen las obligaciones del
Estado de Chile, es una tarea urgente e indispensable, en que la exigencia de la ciudadanía juega un rol
fundamental. No es razonable que las investigaciones de la prensa sean el instrumento que permite
develar, fiscalizar y, esperemos, sancionar hechos de tal gravedad.
La Ley N°21.132 que fortaleció la función pública de SERNAPESCA, publicada en enero de este año e
impulsada por la asociación de funcionarios del servicio, es un ejemplo claro de cómo avanzar en la
dirección correcta. La ley, en lo fundamental, incrementó la dotación, los recursos técnicos, pero sobre
todo las facultades del servicio para superar, en materias de pesca artesanal e industrial, las
irregularidades que la entrega a privados de la fiscalización había instalado como parte integrante de un
modelo de negocios depredatorio de los recursos pesqueros del país, con claros componentes de
corrupción en su operación.
Hoy, las denuncias presentadas por SERNAPESCA en contra de la empresa Nova Austral, son una señal
correcta. Los compromisos de incrementar los presupuestos y medios de SERNAPESCA, por parte del
ministro de Economía, también lo son. Por su parte, las salidas de algunos gerentes de la empresa,
parecen más una reacción de relaciones públicas, que una actuación consistente ante una infracción de
este nivel de gravedad.
La discusión pública, pero sobre todo las acciones del ejecutivo y el Congreso Nacional frente a estos
hechos, no pueden limitarse a actuaciones puntuales frente a la contingencia. Es necesario avanzar en
modificaciones legales que asignen al Estado los roles de fiscalización y control que nunca debió haber
cedido, en fortalecer a las instituciones públicas vinculadas a estas tareas, con el objeto que cuenten con
las capacidades funcionarias, técnicas y materiales para cumplir sus tareas, y en incrementar duramente
las sanciones ante el incumplimiento.
Fuente: El Mostrador
