Una demanda de $ 100 millones presentó una trabajadora que se desempeñó por cinco años en la Junta Nacional de Bomberos, sede Punta Arenas, en contra del Consejo Regional de Bomberos de Magallanes y su representante legal.
Según la acción presentada por la demandante, Vanessa Muñoz Pollok, por indemnización de perjuicios, dan cuenta que los hechos se habrían comenzado a gestar el 1 de abril de 2017, cuando ella junto a dos instructores y un conductor de la Academia Nacional de Bomberos, sufrieron un accidente en un vehículo institucional en Porvenir. “Posterior a este accidente comenzaron los inconvenientes con el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Porvenir de esa época, José Antonio Mansilla Apablaza, quien posterior a dicho infortunio comenzó a divulgar que solicitaría mi despido, dichos que comentó con varios voluntarios, y como es una región pequeña los comentarios llegaron hasta Punta Arenas, en donde el sr. Francisco Ulloa Homo, coordinador académico regional, continuo con el rumor haciéndolo en las diferentes compañías del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas”.
La acción civil, continúa relatando por parte de la demandante que “el sr. Mansilla presentó un reclamo en mi contra, en donde solicitaba mi desvinculación basándose en rumores y entredichos de pasillo respecto de mi persona, situación que los miembros del Directorio no aceptaron y mucho menos permitieron que quedara establecido en dicha Acta”.
Muñoz Pollok en su relato, continúa señalando que el 7 de marzo de 2018, se realizaron las elecciones en el directorio regional, resultando electo el demandado, José Mansilla Apablaza, quien “ingresó a mi oficina a hablar conmigo y decirme que estuviese tranquila que él no me desvincularía ni tampoco me degradaría como funcionaria”.
En abril, -continúa la demanda- el Mansilla solicitó a Claudio Miranda, quién era el presidente regional hasta el 30 de Abril, si podía ir a la oficina a ver como trabajábamos en el Consejo Regional, situación que “Claudio autorizó considerando que el Sr. Mansilla asumiría su nuevo cargo el día 1 de Mayo. En ese momento, el señor Mansilla se presentó en la oficina durante 5 días, de los cuales iba en la jornada de la mañana, tarde o día completo. Uno de los cambios fue que yo dejara de realizar las órdenes de compra y que éstas fueran realizadas por las secretarias de acuerdo al centro de costo, debiendo desde ese día encargarme del área contable y de los Cuerpos de Bomberos. El día lunes 11 de Junio del 2018 se presentó en la oficina el Auditor Interno de la Junta Nacional, quién realizó una Auditoría exclusivamente a mi trabajo, realizando una revisión contable al período 2017. Una vez terminado el informe, respecto del cual no me dieron copia alguna, me informaron que la contabilidad se encontraba debidamente respaldada y cursada, así como también las conciliaciones bancarias; que el activo fijo se encontraba inventariado y resguardado y que se realizarían algunos ajustes desde nivel central, ya que figuraban por sistema algunas cosas que nunca existieron en la oficina”.
Muñoz Pollok, en la demanda continúa que “el martes 19 de Junio fue el último día que trabajé, ya que solicité 8 días hábiles de vacaciones (…) Luego de esto el día martes 3 de Julio, me presenté a trabajar a las 9 horas, de acuerdo a lo modificado en la reunión de junio y a las 10 horas se presentó en la oficina el Auditor Interno, el cual me informa que sería desvinculada por necesidades de la Empresa. Figura que claramente no es así, la Junta Nacional es una empresa a nivel nacional, la cual recibe dineros del Estado contenidos en la Ley de Presupuesto del Ministerio del Interior, como yo estaba consciente que no era por la causal que me indicaron, sino que era lo que solicitó el presidente regional, no tenía más opción que firmar el finiquito. Finiquito en el cual no me habían pagado las horas extras que tenía a mi favor. Adicionalmente, el auditor interno, Darwin Oñate, me indica que por orden de Gerencia yo debía transferir la diferencia faltante del souvenir que se había detectado en el mes de junio que por la suma de $115.415 y que después de transferir dicha suma recién podría entregarme el finiquito”.
Acoso sexual
La demanda, aparte de un acoso laboral, da cuenta de un acoso sexual por parte del presidente regional del Consejo de Bomberos, según señala la demanda que el 5 de Junio del año 2017, el Gobierno Regional aprobó los recursos para un proyecto “que yo había realizado y presentado en forma conjunta con el encargado de Proyectos, el cual contemplaba carros para toda la región y por este motivo viajó una comisión de cada cuerpo de bomberos, menos el de Puerto Williams. Posterior a la aprobación de los recursos, me invitaron a almorzar, donde nos encontramos con la comisión del Cuerpo de Bomberos de Porvenir, quienes estaban sentados en la mesa de al lado. Como ellos habían llegado antes, terminaron su almuerzo y pasaron a despedirse y fue en ese momento que el señor Mansilla, quien no respeta los espacios, se paró junto a mí sin darme mayor espacio para levantarme de la silla, y al intentar levantarme sin intención le aplaste el pie, a lo que él me dice al oído “me pisaste y sin una piscola”, riéndose de su comentario, en ese momento le dije, “creo que se equivocó en su comentario, ya que no corresponde” a lo que él insiste y dice “mínimo una piscola”, para después retirarse (…) Durante la semana de abril que estuvo en Punta Arenas viendo el funcionamiento del Consejo Regional, él se sentó en mi oficina junto a mí, no dejando espacio para me pueda levantar, ya que cada vez que necesitaba ponerme de pie debía pedirle permiso y cada vez que pasaba frente a él me miraba de arriba abajo, además de estar en todo momento mirándome los senos, Una vez que él volvió a Porvenir, la secretaria del Consejo, Paola Subiabre Avendaño, me hace un reclamo indicando que se sentía demasiado incómoda por la forma en la cual él nos miraba, que ella se había dado cuenta que a mí me miraba de arriba abajo. Esta incómoda situación la consideramos como un exceso de él, ya que por más jefe que pueda ser de nosotras no puede mirarnos de esa manera ni denigrarnos como mujer, a pesar del cargo que ostenta”.
La acción civil continúa señalando que el demandado le dijo textual a la demandante: “tú ahora eres mía” cuando terminó dicha frase, ella dijo “¿disculpe? ¿A qué se debe su comentario? Porque yo no tengo dueño”, a lo que respondió “tu lealtad es conmigo”.
El sábado 16 de junio de este año, se realizaron las elecciones nacionales – señala la demanda-, donde fue citado el Directorio Regional. y en ese momento al cruzarse con el demandando, donde se le consulta si estaba bien el coffe break contratado, “a lo que él me responde acercándose a mi oído, ‘no sé si comerme este pastelito o comerte a ti’, ante esto asustada le respondí ‘haré como que no escuché ese comentario’, ya que me sentí menoscabada como mujer, sumado a la forma como me miró y se sonrió, que me dieron asco y mucha rabia, porque yo no debía porque aguantar esa situación, pero necesitaba el trabajo”.
Finalmente, el 3 de Julio, los miembros del Directorio “se enteraron por mí que había sido desvinculada, ya que ellos como representantes regionales no sabían de la solicitud del Sr. Mansilla, quien siempre les comento al igual que me decía a mí, que no me despediría. Es decir, no actuó con total transparencia frente a quienes le dieron su voto y confiaron en él. Con la actuación del demandado me sentí vulnerada tanto en mi fuero interno, lo que se deriva en sentirse víctima del reproche por no haber accedido a los constantes acosos y requerimientos del representante de la demandada, producto de aquello perdí mi trabajo, el que siempre intenté desarrollar de la mejor manera”.
La demanda fue presentada ante el Tercer Juzgado Civil de Punta Arenas, por el abogado patrocinante, Marcos Ibacache.
Fuente: El Pinguino
