El abogado Mario Elgueta, asesor jurídico de la Asociación de Industriales de Tierra del Fuego e Isla Navarino hizo ayer una dura crítica al actuar fiscalizador de la Tesorería General de la República y la Intendencia, a los cuales acusó de descoordinación y desorden en sus procedimientos de fiscalización.
Elgueta basó sus argumentos en las conclusiones del último dictamen de la Contraloría General de la República, el cual exigió a los organismos fiscalizadores conciliar su actuar fiscalizador con la necesidad de “no afectar la finalidad de fomento” propia de esta normativa.
Para Elgueta, “el contenido del documento emanado de Contraloría, devela una contundente y reveladora situación de desorden de los propios servicios públicos e Intendencia. Los industriales han convivido con sus permanentes dobles y triples tramitaciones y descoordinaciones internas.
Este documento desenmascara la exacerbada burocratización de la que han sido víctimas las empresas acogidas a las leyes de fomento, dejando muy en claro que todas estas inconsistencias y faltas de coordinación no son culpa ni responsabilidad de las empresas aludidas en dicha publicación, ni menos de la Asociación Gremial de Industriales de Tierra del Fuego y Navarino”.
Elgueta citó como ejemplos de ello que “que los mismos documentos deben ser impresos varia veces en papel y ser chequeados una y otra vez por un servicio y otro, sin utilizar los medios tecnológicos, ni la información en línea disponible, herramienta que ahorraría cientos de horas hombres en las distintas reparticiones con el consecuente gasto innecesario del presupuesto de la nación”, indicó.
Responsabilidad social
Elgueta fue enfático en afirmar que “este dictamen de la Contraloría demuestra fehacientemente que no son las empresas de esta asociación las que se niegan a ser fiscalizadas como se ha querido hacer creer a la opinión pública regional, sino más bien hace presente la descoordinación de los organismos fiscalizadores… El espíritu de las empresas siempre ha sido consecuente y proclive a la acción fiscalizadora de quien debe ejercer este rol, por esta razón nunca ningún socio de la A.G., ha pretendido ni ha demostrado obviar o rechazar esta acción por el contrario”.
Certeza jurídica
Agregó que uno de los cuestionamientos que surge a partir de las leyes de fomento es la certeza jurídica de los Contratos Ley entre las empresas acogidas a las leyes de excepción y el Estado de Chile. Elgueta señaló que, “esto fue permanente negado por la autoridad de Hacienda del Gobierno anterior y, curiosamente, el Consejo de Defensa del Estado, en un reciente alegato en el Tribunal Constitucional, por una causa de la empresa Industria Textil Mejillones, ha confirmado y ha señalado durante el alegato que se trata de un Contrato Ley, confirmando la solidez de esta figura jurídica incluso por sobre un contrato administrativo donde existen potestades exorbitantes de la administración”, denunció.
Animosidad
El abogado acusó a la anterior administración de interpretar en forma arbitraria las normativas de la Ley Navarino con el afán de descalificar a las empresas acogidas a este beneficio.
“El gobierno anterior -dijo- gravosamente y en una suerte de arrogarse facultades interpretativas generó una especie de leyes de amarre, impartió instrucciones a los servicios públicos a través del Ordinario 232, cambió el sentido del concepto económico ‘insumo’, asimilándolo al de ‘materias primas’ en un error técnico garrafal y sin precedentes y solo con la animosidad de descalificar a empresas que usan la energía en sus procesos productivos para alcanzar el 25% en el porcentaje de integración”, lo que a su juicio afecta la certeza jurídica de los contratos.
Fuente: www.elpinguino.com
