Bajo la administración del ex intendente Jorge Flies se dio a conocer la resolución de cesación de la firma que se había instalado en Tierra del Fuego en 2009 acogiéndose a la Ley Navarino. Esto último, al considerar que la empresa no habría dado inicio a sus actividades dentro de los dos años siguientes a que le fue conferido el beneficio.
Ayer y por ley del Lobby, el abogado y Asesor Jurídico en Magallanes de Industria Textil Mejillones S.A., Mario Luis Elgueta concretó una visita protocolar al intendente Christian Matheson, para poner en contexto la difícil situación que atraviesa la empresa, luego que bajo la administración del ex intendente Jorge Flies se diera a conocer la resolución de caducidad de la firma -que se había instalado en Tierra del Fuego en 2009 acogiéndose a la Ley Navarino- según lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley Nº18.591. Esto último, al considerar que la referida no habría dado inicio a sus actividades dentro de los dos años siguientes a que le fue conferido el beneficio.
La situación generó por entonces que, a través de la representación del abogado Francisco Cárdenas Mansilla, la industria ingresara un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas dirigido en contra del intendente Flies, alegando la ilegalidad de la declaratoria de caducidad de la franquicia, situación que finalmente llegó a más altas instancias, terminando con otro recurso, esta vez de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional, lo que aún está en curso.
A nueva autoridad
En razón de esta incertidumbre, la empresa aboga porque Matheson tome conocimiento de esta materia y se dé finalmente un tratamiento distinto a lo que consideran un actuar ilegítimo de parte de la anterior gestión. “Durante el gobierno pasado y al igual que varias empresas de la Asociación Gremial de Industriales de Tierra del Fuego y Navarino, mi representada –la empresa- fue bastante perseguida, porque se usaron criterios arbitrarios para dejarla sin la franquicia que otorga la Ley. Una de las razones de esta visita es conocer cuál es la postura del nuevo intendente, respecto de la textil y la Asociación, para ver de qué manera se abordará este tema, ya que la Ley tiene como uno de sus objetivos el que las empresas generen empleo para zonas apartadas”.
La caducidad
Cabe señalar que en un comienzo, Industria Textil Mejillones S.A. fue autorizada a instalarse al amparo de las franquicias de la Ley Nº 18.392 única y exclusivamente en el Lote 125-C de la Parcela Srdanovic correspondiente al área rural de la comuna de Porvenir, donde levantaría la infraestructura para el desarrollo de su actividad, invirtiendo la suma comprometida equivalente a US$ 2.796.726, incluyendo, dentro de otros, la adquisición del terreno, la construcción de un galpón de 2.500 m2 y el proyecto de arquitectura, contratando una dotación de 26 operarios y 8 administrativos, totalizando 34 personas para la operación de su planta industrial del rubro textil, al entrar en funcionamiento.
No obstante ello, finalmente se instaló en el sector industrial de la comuna de Porvenir, en calle John ‘Williams Nº 0595, donde ya existía una infraestructura levantada, sin invertir, en consecuencia, la totalidad de las partidas comprometidas. Además de ello, no completó la dotación prometida, “todo lo cual ha sido expresamente declarado en el Procedimiento Administrativo, constatándose una controversia con la autorización taxativamente otorgada, discrepando además del proyecto presentado sobre el cual versó la Resolución dictada al efecto”.
Inconsistencia
A pesar de todo lo indicado Elgueta sostuvo que hubo inconsistencia en la determinación de la caducidad. “Por un lado se dice que no hubo inicio de actividades. Sin embargo, la empresa trabajó con facturas, trabajó con el Servicio de Impuestos Internos (SII), fue fiscalizada por distintos servicios e incluso el ex intendente Mario Maturana inauguró la planta el año 2009 en esa misma dirección, por motivos de mercado. Por lo tanto, se le aplicó caducidad siendo que no corresponde, porque para empezar las causales para caducar son dos: que no haya iniciado actividades en los primeros dos años o que haya descontinuado por más de uno. Ninguna de esas condiciones se cumplía y por lo tanto, buscaron un artilugio jurídico para extender la causal. Lo que esperamos ahora es que las autoridades tomen decisiones a este respecto y por lo mismo, esta primera visita a la autoridad nos permite generar el acercamiento necesario para contextualizar el problema”.
Próximamente la gerencia de la empresa sostendrá un encuentro con Matheson para profundizar en los planteamientos ya referidos por el asesor jurídico.
Fuente: La Prensa Austral
