Una serie de observaciones formuló la Contraloría Regional de Magallanes respecto de los hechos suscitados luego del fallecimiento del joven piloto de automovilismo Diego Manquemilla Miranda, de 30 años, el 9 de marzo de 2017, en la comuna de Porvenir, cuyo caso estuvo rodeado de desafortunados episodios.
De esta manera, el órgano contralor hizo suyo los cuestionamientos expuestos por el senador Carlos Bianchi, quien solicitó investigar los hechos para que falencias como las denunciadas no se vuelvan a repetir.
La investigación especial giró en torno al accionar de los servicios gubernamentales participantes en el proceso de levantamiento, traslado y autopsia del cuerpo del malogrado piloto de automovilismo, donde se denunció que hubo demoras y descoordinaciones entre los entes involucrados. El cadáver permaneció por al menos 10 horas en el lugar del accidente a la espera de que llegaran peritos del equipo Siat de Carabineros que viajaron desde Punta Arenas.
En términos generales, Contraloría se abocó a indagar si las entidades gubernamentales -intendencia de Magallanes, gobernación de Tierra del Fuego, Municipalidad de Porvenir, seremi de Justicia, Servicio Médico Legal, Carabineros y el Instituto de Derechos Humanos- tenían facultades para intervenir en el traslado del cuerpo de Diego Manquemilla y posterior autopsia, actuaron conforme a la normativa vigente y al ámbito de su competencia. Y, también si entre los mismos servicios se han adoptado las medidas tendientes a la coordinación de los diferentes órganos públicos que intervienen en el proceso de traslado y autopsia de fallecidos en la provincia de Tierra del Fuego.
Entre sus principales resultados, el equipo de profesionales a cargo del examen de los antecedentes advirtió una falta de mayor fiscalización y coordinación de los servicios en la situación del fallecido Diego Manquemilla, por parte de la intendencia de la Región de Magallanes. Igualmente, se comprobó la ausencia de una supervigilancia a los servicios públicos por parte de la gobernación de Tierra del Fuego. Lo anterior se extiende a la seremía de Justicia, dirección del Servicio Médico Legal, y la sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
En el mismo orden de cosas, se validó la falta de suscripción de un protocolo de acuerdo con las peticiones del comité de defensa de Porvenir, la inexistencia del acto administrativo que sancione el aludido protocolo, asimismo no dispone del convenio de colaboración de autopsias en la morgue municipal de Porvenir y la inexistencia del acto administrativo que sancione el convenio de colaboración, por parte de la dirección regional del Servicio Médico Legal de Magallanes.
En cuanto al accidente y la autopsia practicada a la víctima fatal, y el actuar del fiscal adjunto de esa ciudad, se constató que tales hechos son investigados por la Fiscalía, en consecuencia, dicho órgano de control se abstuvo de emitir un pronunciamiento sobre el fatal accidente y la autopsia a Diego Manquemilla, y el actuar del fiscal adjunto de Porvenir, por tratarse de un asunto de competencia del Ministerio Público.
Frente al tiempo transcurrido entre la constatación del fallecimiento, el levantamiento del cuerpo, traslado a la morgue municipal, y autopsia, la Contraloría Regional descartó la concurrencia de elementos que permitan afirmar que en la especie existió infracción a la normativa aplicable, toda vez que no se encuentra definido un plazo entre cada instancia.
Respecto de las observaciones establecidas, catalogadas como complejas, los servicios públicos deberán remitir a la Contraloría Regional, en un plazo de 60 días hábiles, la documentación que acredite las acciones adoptadas.
Cabe consignar que las eventuales irregularidades constatadas con motivo de este fallecimiento, desató la indignación de los fueguinos, que el 21 de marzo de 2017 se tradujo en una masiva protesta de la población de Porvenir, exigiendo a las autoridades un Servicio Médico Legal digno para aquella comuna.
A raíz de lo anterior, el senador Carlos Bianchi recurrió ante la Contraloría Regional para denunciar los hechos descritos, los que eventualmente podrían incidir en incumplimientos normativos y de sus cometidos por parte de los organismos del Estado citados en esta presentación, situación que originó la apertura de una investigación especial.
Fuente: La Prensa Austral
